Los usuarios rechazan la prohibición de que dos personas vayan en moto
Con la intención de contrarrestar la ola delincuencial que azota al país, la Agencia Nacional de Tránsito aprobó ayer una resolución que limita la utilización de motocicletas a una sola persona en todo el territorio nacional. Se exceptúan cónyuges, hijos o hermanos, personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres y menores de 12 años.
Según se informó, la medida se tomó en coordinación entre los ministerios de Transporte y Gobierno y la Presidencia de la República, con base en informes policiales que dan cuenta del alto porcentaje de utilización de este tipo de vehículo en actos delincuenciales tales como robos a personas y sicariatos.
No obstante, las reacciones de quienes se verán afectados por esta resolución, una vez que entre en vigencia luego de su publicación en el Registro Oficial, no se han hecho esperar. Hoy en la mañana, un grupo de ciudadanos que brinda el servicio de transporte en moto en la provincia del Guayas, bloqueó la vía que une Guayaquil y Durán a manera de rechazo a la propuesta que limitaría su actividad.
Darío Paladines, presidente de la Asociación Nacional de Motociclistas del Ecuador (Asomoto), considera que dicha resolución atenta contra derechos y libertades establecidas en la constitución como la movilidad y el trabajo, además de que implica un acto discriminatorio de género y una estigmatización hacia los motociclistas.
Al directivo le resulta curioso que la resolución se haya emitido el mismo día en que una sesión del Consejo Metropolitano de Quito que trataba el tema haya decidido organizar mesas de trabajo futuras para analizar el tema con criterios técnicos, antes que políticos.
Según Paladines, el Ministerio de Gobierno endosa la responsabilidad de la inseguridad al actor vial llamado motociclista, al considerarlo un delincuente en potencia. Esto a pesar de que la motocicleta es un medio de transporte más económico, más eficiente y menos contaminante.
Por ello, la Asomoto dará un tiempo prudencial antes de que la resolución entre en vigencia para que las autoridades traten el tema de manera técnica. En caso contrario, no descarta organizar acciones de hecho y de derecho para evitar su aplicación.
Paladines sostiene que la medida afecta a cerca de 800.000 motociclistas en todo el país más su entorno cercano, por lo cual el número podría multiplicarse hasta por cuatro. “Los delincuentes se movilizarán más en carros. Las modalidades de robo cambiarán pero no necesariamente disminuirán”, asegura.
